Cuando recientemente el gobierno socialista español decidió exhumar los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, recibí la noticia con auténtico beneplácito. Este sanguinario tirano jamás tendría que haber recibido la extremaunción ni las respectivas bendiciones para que descansara en una paz a todas luces inmerecida, ni claro está, tampoco debería haber sido inhumado con todos los honores en el corazón de un monumento dedicado a los muertos en la trágica Guerra Civil. Carmen Calvo, la Vicepresidente del gobierno, tenía toda la razón cuando afirmo: “Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española. Es incompatible.”

¿Cómo honrar a quien pidió ayuda, nada menos que a Hitler y a Mussolini, a potencias extranjeras fascistas, desde luego, para que bombardearan a su patria, España y mataran a familias enteras, a niños inocentes, mujeres y ancianos y destruyeran ciudades y puertos, museos, academias, parques, teatros, bibliotecas, hospitales, monumentos, casas y edificios? Sí: Franco aliado con líderes fascistas extranjeros masacró a sus compatriotas y destruyó a su propio país con los trimotores italianos Savoia, Fiat CR-32, las tanquetas Ansaldo CV-3 y ametralladoras, además de los aviones alemanes Ju-52, cazas H-51, cañones antiaéreos, equipos de transmisiones, Junkers, cazas y baterías antiaéreas. ¡Imposible olvidar la terrible canallada padecida en Guernica ni perder jamás de vista la Ley de Responsabilidades con efectos retroactivos en la que se establecía la siguiente declaración de verdadero horror, un recuerdo negro para la historia: “Se consideran delincuentes todos los seguidores de la República desde el primero de octubre de 1934.”

Si bien la decisión de la justificada exhumación ha sido afortunadamente tomada, surgió entonces un conflicto ulterior que explica la madurez política de la mayoría de los españoles: ¿Dónde enterrar los restos del tirano? ¡Nadie los quiere! Curioso, ¿no? Las propias autoridades del Ayuntamiento de Ferrol, su ciudad natal, se negaron a aceptar la osamenta del dictador, es más, ni siquiera autorizaron que fuera sepultada en la tumba de la familia Franco Bahamonde en el cementerio de Catabois, ya que corría el riesgo de ir a dar a una fosa común. ¡Claro que a Franco le fue retirado el honor de ser el “hijo predilecto de la ciudad”, además de expropiarle el nicho que el ayuntamiento le regaló, en 1963, en plena dictadura cuando lo nombró “Hijo ilustrísimo...”!

¿Opciones para el nuevo entierro? El panteón de la cripta familiar de la catedral de la Almudena, en el corazón de Madrid, donde está enterrada la hija del dictador. ¡No!, tampoco la catedral, porque no es propiedad privada, por lo que se debe “garantizar en todo el territorio español que no se enaltezca a Franco en ningún sitio.” ¿En un panteón español? Imposible porque podría convertirse en un lugar de peregrinaje de turistas o fanáticos que ayudaría a revivir su memoria y a recordar su siniestro recuerdo. Por la misma razón se cerró el lugar en donde se supone que Hitler se suicidó en Berlín, en la cancillería, al final de la guerra, precisamente porque se estaba convirtiendo en una especie de altar de adoración de su figura por militantes neonazis.

Inexplicablemente el cuerpo embalsamado de Stalin, otro criminal sin precedentes en la historia de la humanidad, se encuentra en una necrópolis del Kremlin, solo que con la presencia de Putin, otro tirano, se ve difícil que alguien de la Duma se atreva siquiera a exhumar sus restos para calcinarlos y arrojarlos en la desembocadura del Volga. Lo mismo acontece con Mao Tse-Tung, otro dictador que “descansa” en su propio mausoleo en Pekín. Mussolini esta sepultado en una tumba anónima de difícil identificación, una maravilla.

Tal vez los restos de Francisco Franco deberían ser incinerados y sus cenizas arrojadas fuera de los límites del mar territorial español, en un lugar del Atlántico, como dijera Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme o bien, convendría lanzarlas sin protocolo ni honor alguno, en la Comunidad de Madrid, más precisamente, en el Canal de Isabel II, en donde se tratan las aguas residuales, de modo que no quede huella del tirano y avance aceleradamente el proceso de reconciliación histórico del pueblo español.